martes, 15 de octubre de 2013

Pronunciamiento contra la desaparición forzada





El 30 de agosto se conmemora el “Día Internacional del Detenido Desaparecido”. La desaparición forzada es una práctica violatoria de los derechos humanos utilizada por los Estados a través de sus fuerzas de seguridad. Por la naturaleza de esta oscura actividad alentada por gobiernos de distintas ideologías, no sólo perjudica directamente a la víctima, sino también alcanza a sus familiares y amistades, además de servir como advertencia a la sociedad percibida como forma de terrorismo de Estado.  

La desaparición forzada es más frecuente de lo que comúnmente se cree y está fuertemente ligada con la baja calidad de la libertad y la democracia, cuando la procuración de justicia no prospera a causa del autoritarismo político y la falta de transparencia gubernamental. En estas condiciones una persona puede ser potencial víctima de detención y desaparición bajo cualquier circunstancia o pretexto sin orden judicial. Por este motivo las organizaciones derecho humanistas surgen como contrapeso ante las situaciones de abuso de poder al que incurren actores e instituciones estatales. Cuando el Estado no cumple con su papel de brindar orden, paz y justicia, y por el contrario, se esmera en violar o estar por encima de las leyes a costa del sufrimiento de sus ciudadanos(as), es tiempo no sólo de pronunciarse en contra de esa situación de anomia estatal, sino también de accionar y tomar postura a favor de la vida y la justicia.

Con el inicio del siglo XXI una nueva ola de violaciones relacionadas con las desapariciones forzadas reaparecen junto con las cárceles secretas, las torturas y las detenciones sin derecho a juicio. La tendencia es mundial y lo mismo ocurre en países democráticos como en naciones con regímenes militares o monárquicos. En la medida que el autoritarismo y las crisis socioeconómicas aparecen y chocan, la desconfianza entre Estado y sociedad se incrementa, la seguridad se prioriza y las personas se vuelven sospechosas; la convivencia, si no se vuelve tirante, se transforma en miedo y egoísmo y por ese camino se observa el incremento de la desaparición forzada. No es solamente el exceso violatorio estatal y el desamparo social; el sistema de justicia adolece de credibilidad y actúa de manera indolente a costa de la seguridad física y psicológica de la población.

En México sabemos por experiencia la magnitud de las deficiencias en la procuración de justicia: generaciones de mexicanos y mexicanas desconocen qué es y cómo funciona la justicia. El impacto de la desaparición forzada es un flagelo que viola innumerables derechos, así ocurran en estados de excepción o de emergencia. El desarrollo desde el sexenio pasado de la “guerra contra el narco” es un brutal ejemplo de la prolongación, aumento y excesos de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, más las lagunas jurídicas y el cohecho policial-ministerial, con miles de desaparecidos y desaparecidas en todo el país.

Chihuahua es uno de los estados más violentados en los últimos años, con índices muy altos de violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, mientras Ciudad Juárez se convierte en referente ejemplar mundial de ciudad violenta. Esta cadena intolerable de abusos policiacos y castrenses con la complicidad del sistema judicial, es totalmente perjudicial para el/la ciudadano  común y peligroso incluso para la estabilidad social. A pesar de contar con legislación estatal que tipifica la desaparición forzada, sin un cambio de actitud de las y los encargados de procurar justicia, la ley es letra muerta y de continuar así, este tipo de delitos seguirán existiendo sin castigo y sin visos de desaparecer.

El Centro de Derechos Humanos urge a tomar conciencia de la gravedad de este delito y se pronuncia  a favor de erradicarlo de las prácticas policiaco-militares. La desaparición forzada supera en crueldad a las víctimas directas y se coloca simbólicamente como  secuestro de las libertades de todos y todas, como ausencia de justicia y sinónimo de terror. Invitamos a quienes han sido perjudicados por los excesos del Estado a no callar y apoyarse en las y los defensores derecho humanistas para exigir respeto a sus derechos. A las instancias encargadas de procurar justicia, nuestra exigencia es simple: obedecer las leyes y apegarse a derecho.


De la justicia de cada uno/una, nace la paz para todos y todas.



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 30 de agosto del 2013


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